El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) cuenta con 4 aviones y 4 helicópteros para cubrir todo el territorio nacional en la supuesta lucha contra el narcotráfico. A todas luces esto es muy poco, casi nada, es prácticamente una broma.
Panamá “lucha” contra el narcotráfico prácticamente con las uñas.
El Consejo de Gabinete aprobó ayer un anteproyecto de ley, en el que se derogan las leyes que permitieron la incorporación de Panamá al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
El vicepresidente y canciller panameño, Juan Carlos Varela, manifestó que la presentación del citado anteproyecto está condicionada a la decisión de los mandatarios de Guatemala, Alvaro Colom y Nicaragua, Daniel Ortega, de acoger el pedido de Panamá para que levanten su objeción a la salida de ese organismo por la vía del consenso.
La decisión del ejecutivo de retirarse del Parlacen surgió bajo el argumento de la inoperancia de este organismo regional para alcanzar los objetivos que llevaron a su creación y por convertirse en un centro para otorgar inmunidad a políticos que le han restado credibilidad.
A mi parecer está bien la decisión de Panamá, el PARLACEN no hace nada, es una guarida de corruptos cobijados por la inmunidad para que queden impunes. No todos pero sí la mayoría.
En los medios nunca se ven avances de este organismo ni se conoce ninguna noticia.
Juan Carlos Varela, vicepresidente de la República, presentó una propuesta de revisión del salario mínimo que incluye 20 ocupaciones y donde la paga debe estar de acuerdo con el poder económico del patrono según el trabajo que realiza.
El ejemplo que citó Varela fue en el sector de servicios hoteleros en los que los ingresos de un día de hospedaje pueden pagar la planilla mensual completa de todos sus empleados de planta por lo que urgió a que exista una nivelación que resulte justa.
Diversos sectores expondrán sus argumento para llegar a un acuerdo que es de suma importancia para todos los panameños.
El presidente de Panamá, Ricardo MArtinelli, ha girado órdenes a sus ministros para que cesen de inmediato los servicios externos de asesoría y consultoría contratados por sus respectivas carteras con el fin de ser consecuentes con la discusión del salario mínimo en el sector privado.
El vicepresidente de la república, Juan Carlos Varela, aseguró que los recortes suponen ahorro para el Estado y dicho ahorro generará un fondo que se utilizará para aumentarle el salario a los empleados públicos con salario mínimo.
¿Qué efectos tendrán estos recortes? ¿Realmente son innecesarias estas consultorías y asesosrías?
Preocupa en Panamá el aumento de asaltos a los camiones blindados que protegen valores.
Más de 20 asaltos en lo que va de 2009 suman cerca de 3 millones de balboas entre prendas de valor, efectivo y otros activos que han ido a parar a las manos de bandas criminales organizadas.
Investigaciones policiales apuntan a que los agentes de seguridad de las empresas que brindan este tipo de servicio integran al mismo tiempo las bandas criminales que se dedican a cometer estos delitos. La policía mantiene esta hipótesis por la facilidad con que a veces se han cometido los asaltos, en algunos casos hasta de manera ridícula utilizando armas de juguete.
Aníbal González, dirigente de la Unión de Trabajadores de Agencias de Seguridad, afirmó que los criterios de selección y reclutamiento del personal de protección debe incluir el historial penal y policivo de los aspirantes para minimizar la posibilidad de que los delincuentes infiltren las estructuras de custodia.
Panamá ha crecido a un ritmo constante de 2.5% durante los últimos 3 meses. El gobierno presidido por Ricardo Martinelli asegura que la situación actual del país demanda medidas de acción frontal que no pueden demorar más.
Martinelli dijo este miércoles que si Panamá ha sido capaz de crecer en tiempos de crisis internacional es momento para invertir en proyectos de corte social como nunca antes en su historia. Un presupuesto inédito para 2010 asigna cerca de 11 millardos de dólares de los cuales el 60% servirán para funcionamiento y operación (gasto corriente) y el 40% a obras de inversión social.
Cerca de 1,300 millones del presupuesto aprobado cubrirán parte de la deuda pública del Estado.
Panamá enfrenta actualmente una creciente ola de violencia que plantea una situación de crisis e inestabilidad en seguridad ciudadana.
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